Está bonito el artículo de Pablo Salvador Coderch que aparece hoy en El País, aunque, como tantas veces ocurre con progresistas sinceros y bienintencionados, es más lo que insinúa que lo que dice y más lo que amaga que lo que da. Pero, en fin, algo es algo.
Para lo que aquí me interesa me quedo con este fragmento de dicho escrito:
“...en Estados Unidos de América, la Administración Bush intentó, en 2005, nombrar a una abogada, muy amiga y leal servidora del propio presidente, Harriet Miers, como magistrada del Tribunal Supremo federal; pero el Senado, que debía confirmar el nombramiento, dejó muy claro que no lo iba a hacer y Miers se retiró.
En la actualidad, siete de los nueve miembros de aquel Tribunal fueron nombrados por presidentes republicanos, lo cual haría de esperar una línea de decisiones muy escorada del lado conservador. Pero la magia del buen diseño institucional ha impedido que la Administración Bush cuente con mayorías garantizadas en el máximo órgano judicial del país. Y es que la gente es más o menos amiga, pero sobre todo, no suele ser tonta ni indecente y como allí el cargo es vitalicio, una vez alguien medianamente dotado lo ocupa, vuela por su cuenta y puede alcanzar una cabal independencia de juicio. Así, un magistrado como David H. Souter (1939), nombrado en 1990 por Bush padre y confirmado en el Senado contra el voto de senadores de rancio liberalismo, como Ted Kennedy y John Kerry, decepcionó a sus padrinos y se convirtió en el adalid de las causas más genuinamente progresistas. La independencia existe. Otro caso similar de nuestros días es el del magistrado Anthony Kennedy (1936), nombrado en 1988 por Reagan y que suele emitir el voto decisivo (swing vote), moderado y sensato, en un Tribunal, dividido formalmente entre cuatro conservadores y cuatro liberales”.
Parece que una solución para que los más altos magistrados no le guiñen el ojo al Ejecutivo ni le pongan todo el día posturitas insinuantes al partido que los propuso consistiría en hacer su cargo vitalicio. Pues funcionará en EEUU, no digo que no, pero aquí da muchísimo yuyu pensarlo, puro escalofrío. Elijan al que quieran de los actuales e imagínenselo. Uy, y si pensamos en doña Emilia la emoción es total: no vuelve en la puñetera vida una señora a perder un pleito contra un varón. Oye, y todas tan amigas bajo la guía triunfal de Frau Gemüsegarten, luz de las oprimidas, faro de las maltratadas y agosto de los modistos caros.
A un servidor, humildamente, le parece que muchísimo de este desbarajuste que acerca la magistratura constitucional a los modos de las pupilas de cualquier madame con negocio próspero y profiláctico, se puede solucionar con alguna medida legal sumamente sencilla. Dejemos de lado, por imposible, la discusión sobre el modo de nombramiento de los magistrados constitucionales. Fijémonos solamente en el día después de la finalización de su mandato. ¿Qué han de poder ser a partir de ese instante? Nada, ricos pensionistas solamente. Que les quede un doradísimo retiro, una pensión supermillonaria -póngale usted la cantidad que quiera, seis mil euros mensuales, doce mil, veinte mil...- y, si no alcanza, que les garanticen descuentos y promociones especiales en Carrefour, Toys´r´us y Casa Lucio, y vales para darse en cualquier spa unos baños de fango, por lo de la nostalgia y tal. Pero nada más. O sea: terminante prohibición legal de que puedan desempeñar cargo de ningún tipo, sea en el ejecutivo, el legislativo o el judicial y sea dentro de España o fuera. Y lo mismo en la empresa privada o en ese tipo de subterfugios que son muchas veces las fundaciones, auténticos eufemismos jurídicos tan a menudo. Nada de nada, vaya. ¿Y dar clases en alguna universidad? Tampoco, carajo, que se les puede ocurrir ser rectores y comenzar la campaña mientras aún dictan sentencias. Bueno, pero, ¿y alguna conferencia por ahí? Que no, que acabarían dándolas a precio de oro para alguna asociación empresarial o algún grupo propietario de medios de comunicación, como contrapartida por los detallitos de cuando entonces. O sea, dolce far niente a tope, a disfrutar de los nietos y a pellizcar a la dominicana del servicio (¿que suena machista esto? No, hombre/mujer, no, basta con admitir que también las magistradas la pellizquen).
¿Qué ganamos con medida tan simple? Muy sencillo, evitamos que a los cuatro días de tomar posesión ya estén los magistrados echando cuentas de a quién tienen que comerle la oreja, en el auto o en la sentencia, para ir haciendo méritos para eso tan simpático que quieren ser el día de mañana: magistrado/a en Luxemburgo o Estrasburgo, embajador, secretario de Estado (o cualqueir otra cosa "de Estado" de ahí para arriba), obispo -todo se andará-, amante bandido -esto seguro que ya se anduvo-, alto representante o delegado ante no sé qué organización internacional... Si no se juegan nada de su futuro, a lo mejor se animan a decidir en conciencia; esto es, a no vender su conciencia a cambio de un nuevo coche oficial y un paraíso lleno de secretarias/os el día de mañana.
Hombre, ya puestos a soñar con cosas tan evidentes y razonables como imposibles, sería perfecto que se hiciera lo mismo con los miembros del CGPJ o que, al menos y para empezar, se evitara que los que provienen de la carrera judicial aprovechen para dar el salto de un puto (con perdón) juzgado de instrucción en Viana do Bolo a la Audiencia Nacional o el Supremo.
Para lo que aquí me interesa me quedo con este fragmento de dicho escrito:
“...en Estados Unidos de América, la Administración Bush intentó, en 2005, nombrar a una abogada, muy amiga y leal servidora del propio presidente, Harriet Miers, como magistrada del Tribunal Supremo federal; pero el Senado, que debía confirmar el nombramiento, dejó muy claro que no lo iba a hacer y Miers se retiró.
En la actualidad, siete de los nueve miembros de aquel Tribunal fueron nombrados por presidentes republicanos, lo cual haría de esperar una línea de decisiones muy escorada del lado conservador. Pero la magia del buen diseño institucional ha impedido que la Administración Bush cuente con mayorías garantizadas en el máximo órgano judicial del país. Y es que la gente es más o menos amiga, pero sobre todo, no suele ser tonta ni indecente y como allí el cargo es vitalicio, una vez alguien medianamente dotado lo ocupa, vuela por su cuenta y puede alcanzar una cabal independencia de juicio. Así, un magistrado como David H. Souter (1939), nombrado en 1990 por Bush padre y confirmado en el Senado contra el voto de senadores de rancio liberalismo, como Ted Kennedy y John Kerry, decepcionó a sus padrinos y se convirtió en el adalid de las causas más genuinamente progresistas. La independencia existe. Otro caso similar de nuestros días es el del magistrado Anthony Kennedy (1936), nombrado en 1988 por Reagan y que suele emitir el voto decisivo (swing vote), moderado y sensato, en un Tribunal, dividido formalmente entre cuatro conservadores y cuatro liberales”.
Parece que una solución para que los más altos magistrados no le guiñen el ojo al Ejecutivo ni le pongan todo el día posturitas insinuantes al partido que los propuso consistiría en hacer su cargo vitalicio. Pues funcionará en EEUU, no digo que no, pero aquí da muchísimo yuyu pensarlo, puro escalofrío. Elijan al que quieran de los actuales e imagínenselo. Uy, y si pensamos en doña Emilia la emoción es total: no vuelve en la puñetera vida una señora a perder un pleito contra un varón. Oye, y todas tan amigas bajo la guía triunfal de Frau Gemüsegarten, luz de las oprimidas, faro de las maltratadas y agosto de los modistos caros.
A un servidor, humildamente, le parece que muchísimo de este desbarajuste que acerca la magistratura constitucional a los modos de las pupilas de cualquier madame con negocio próspero y profiláctico, se puede solucionar con alguna medida legal sumamente sencilla. Dejemos de lado, por imposible, la discusión sobre el modo de nombramiento de los magistrados constitucionales. Fijémonos solamente en el día después de la finalización de su mandato. ¿Qué han de poder ser a partir de ese instante? Nada, ricos pensionistas solamente. Que les quede un doradísimo retiro, una pensión supermillonaria -póngale usted la cantidad que quiera, seis mil euros mensuales, doce mil, veinte mil...- y, si no alcanza, que les garanticen descuentos y promociones especiales en Carrefour, Toys´r´us y Casa Lucio, y vales para darse en cualquier spa unos baños de fango, por lo de la nostalgia y tal. Pero nada más. O sea: terminante prohibición legal de que puedan desempeñar cargo de ningún tipo, sea en el ejecutivo, el legislativo o el judicial y sea dentro de España o fuera. Y lo mismo en la empresa privada o en ese tipo de subterfugios que son muchas veces las fundaciones, auténticos eufemismos jurídicos tan a menudo. Nada de nada, vaya. ¿Y dar clases en alguna universidad? Tampoco, carajo, que se les puede ocurrir ser rectores y comenzar la campaña mientras aún dictan sentencias. Bueno, pero, ¿y alguna conferencia por ahí? Que no, que acabarían dándolas a precio de oro para alguna asociación empresarial o algún grupo propietario de medios de comunicación, como contrapartida por los detallitos de cuando entonces. O sea, dolce far niente a tope, a disfrutar de los nietos y a pellizcar a la dominicana del servicio (¿que suena machista esto? No, hombre/mujer, no, basta con admitir que también las magistradas la pellizquen).
¿Qué ganamos con medida tan simple? Muy sencillo, evitamos que a los cuatro días de tomar posesión ya estén los magistrados echando cuentas de a quién tienen que comerle la oreja, en el auto o en la sentencia, para ir haciendo méritos para eso tan simpático que quieren ser el día de mañana: magistrado/a en Luxemburgo o Estrasburgo, embajador, secretario de Estado (o cualqueir otra cosa "de Estado" de ahí para arriba), obispo -todo se andará-, amante bandido -esto seguro que ya se anduvo-, alto representante o delegado ante no sé qué organización internacional... Si no se juegan nada de su futuro, a lo mejor se animan a decidir en conciencia; esto es, a no vender su conciencia a cambio de un nuevo coche oficial y un paraíso lleno de secretarias/os el día de mañana.
Hombre, ya puestos a soñar con cosas tan evidentes y razonables como imposibles, sería perfecto que se hiciera lo mismo con los miembros del CGPJ o que, al menos y para empezar, se evitara que los que provienen de la carrera judicial aprovechen para dar el salto de un puto (con perdón) juzgado de instrucción en Viana do Bolo a la Audiencia Nacional o el Supremo.
Y ahora, chascarrillos aparte, que alguien me diga por qué no sería viable una medida tan elemental y que me explique por qué no se toma.
4 comentarios:
Pero, querido amigo ¿a quién le interesa que los jueces sean independientes?
La preocupación que usted y otros muchosmanifiestan periódicamente en relación con la independencia judicial es sin duda sincera y la comparto, aunque empieza a parecerme un debate inútil, precisamente por lo que señala el comentario anterior: nadie (nadie con poder e influencia política) tiene interés en ello. Las cosas son tal como las describe el artículo de "El País": cuando el partido X gana las elecciones no sólo ocupa las Cámaras y el Gobierno, sino v. gr., las Confederaciones Hidrográficas, las Cajas de Ahorro, la ONCE, las empresas supuestamente privatizadas, la Biblioteca Nacional, la CNMV y ... los tribunales de justicia, mejor dicho, sus resortes clave, porque la justicia "de infanteróa", que sólo afecta a los ciudadanos, se encuentra abandonada a su suerte.
Si honradamente se quisiera asegurar la independencia de quienes integran los altos tribunales, las medidas que se podrín arbitrar son muchas -como la que propone el post- y ningún problema habria en aplicarlas. De todas formas, mi opinión personal es que ni esa ni ninguna otra medida funcionaría en nuestro país, regida la sociedad española por relaciones familiares o, más bien, tribales, de forma que el magistrado pasaria a ese retiro dorado, pero ¿y sus hijos, primos, cuñados, esposas y esposos? ¿no habría que colocarlos a tddos, con las influencias del prócer jubilado?
Termino recordando lo que sucedió hace unos años cuando, con gran sigilo, se elevó la retribución de los magistrados del Tribunal Supremo en relación con el resto de la carrera judicial, pretextando que, con esa subida (realmente espectacular, duplicando los sueldos precedentes) se garantizaba que la pertenencia al Supremo fuera una "magistratura de ejercicio", esto es, que los integrantes del órgano superior de la justicia ordinaria no se dedicaran a nada más, ni a nada menos, que a sus tareas judiciales, abandonando clases, conferencias, libros, etc. Años después, el resultado está a la vista de cualquira: no hay jornada, curso o seminario en el que no aparezca algún magistado del -así llamado- "Alto Tribunal".
Hace unos días en una comparecencia un instructor, muy indepndinte el, afirmó tras la declaración de mis patrocinados : estos están mejor en la cárcel con el enganchón que tienen, querrá decir SSª en un Centro, tercié y ¿por qué no van entonces cuando se ven mal? , seguía el magistrado en sus trece, pues porque no tienen capacidad libre de decisión y en esto ns dieron a firmar el montón de papeles.
No sólo es cuestión de independencia sino de no tener el corazón de piedra, entre otras cosas.
Que no le oiga don Pablo eso de "progresista"...
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